El problema no es el lucro

Carlos Pérez Soto

Profesor Universidad Arcis

Conociendo la cultura política tradicional en este país, no es difícil imaginar que mientras más crece un movimiento ciudadano en contra de las políticas establecidas más probable es que naufrague en una negociación entre cuatro paredes, en que los mismos de siempre alcanzan “un gran acuerdo nacional” que cambia de manera puramente mediática lo menos relevante, y mantiene intacto lo que es esencial. Se trata del antiquísimo gatopardismo “todo tiene que cambiar para que nada cambie”.

Para que esto sea posible son necesarios algunos procedimientos típicos: desviar el objetivo de las demandas (del financiamiento a la calidad), extremar artificialmente las posturas de los demandantes (“no es aceptable atentar contra la libertad de la educación”, “quieren estatizar la educación”), presentar como razonable la interesada terquedad de los defensores del modelo (“todo tiene un costo”, “no hay nada de malo en el lucro”), presentar las demandas como ilusorias y utópicas (“las utopías, cuando no tienen fundamento racional, son solamente utopías”). En estas distorsiones se pueden llegar a extremos grotescos: “ponen en riesgo la estabilidad de la democracia”, “quizás haya que sacar a los militares para controlar los desmanes”, “la educación es un bien de consumo”.

Ante esta perspectiva, que prolonga una manera de tratar el auge de la presión popular que se ha practicado por más de un siglo, y que alcanzó un punto culminante durante los gobiernos de la Concertación, uno de los peligros importantes que acecha al movimiento social en curso es la vaguedad con que se mantiene la formulación de las demandas. Es cierto que se ha hecho un enorme esfuerzo por formular un petitorio de consenso, sobre puntos específicos. Es cierto que la gran consigna “no al lucro en Educación” condensa y expresa justamente el núcleo de la exigencia que se está haciendo. Pero tanto a nivel comunicacional como en los petitorios mismos permanece un carácter fuertemente expresivo, pero genérico, claro para los que quieren entender, pero vago para los que quisieran integrarse desde inquietudes y dudas legítimas, ampliamente explotadas por los defensores del modelo imperante.

La primera cuestión sobre la que es necesario especificar es que en rigor lo que se está pidiendo no es el fin al lucro, en general, sin excepciones. Lo que se pide es que ni un peso de Estado vaya a parar a manos de empresarios privados que lucran con la educación. Por un lado, si el 10% más rico de Chile quiere y puede tener sus colegios y universidades, y quiere y puede pagarlos, que los tenga y que los pague. Por otro lado, el Estado debe garantizar el acceso a una educación gratuita y de calidad a todo el que lo requiera.

Para que el Estado pueda hacer real esta garantía es necesario que se aumente sustancialmente la matrícula en los colegios y universidades bajo su dependencia. Las universidades estatales y tradicionales no privadas deben triplicar su matrícula, el Estado debe crear un amplio sistema de Educación Técnico Profesional, se debe fortalecer la educación básica y media dependiente del Estado (ya sea a través de una administración municipal o regionalizada), creando escuelas y colegios, fortaleciendo sustancialmente los que ya existen.

Por supuesto, para que esto sea posible, es necesario aumentar de manera sustantiva el gasto estatal en educación. Pero lo esencial es que ese gasto vaya a dar a los colegios y universidades que son responsabilidad del Estado, no a bolsillos privados. Para esto no es suficiente con que se asegure el 50% del presupuesto basal de las universidades estatales a través de un financiamiento directo y estable. Es necesario que la misma fórmula se aplique a la educación actualmente municipalizada. Se debe empezar por financiar al menos la mitad de los colegios actualmente municipales de manera directa, estable, por proyecto, dejando de lado la lógica de subvención por asistencia o por matrícula. Se debe avanzar hasta que ese financiamiento directo cubra el 100%.

Es justamente por este aspecto que algunos alcaldes se han rebelado en contra de la desmunicipalización de los colegios: el problema no es la administración municipal, es el financiamiento. De hecho, las municipalidades que cuentan con recursos suficientes han podido posicionar sin problemas sus colegios como instituciones de calidad. Por supuesto, es necesario dictar normativas que impidan que la administración municipal (o provincial) desvíe los fondos que recibe para educación a otros ítems presupuestarios, lo que es una práctica común en los municipios con menos recursos, debido a sus necesidades extremas, lo que se carga de manera interesada e hipócrita a su “ineficiencia” en materia educacional.

Un segundo aspecto que es necesario especificar de la manera más directa posible es que nadie pretende atentar contra la libertad de enseñanza, o la libertad de opción en materia educacional. Es bueno y sano que en un sistema democrático el Partido Comunista tenga una universidad, como es bueno también que la Iglesia Católica tenga directamente tres, además de otras siete que se declaran explícitamente católicas. Lo que no debe ocurrir es que los dineros de todos los chilenos vayan a financiar, directa o indirectamente, opciones ideológicas particulares.

Seguramente los chilenos tienen mucho que agradecer a la Iglesia Católica por su aporte a la educación, y probablemente ese aporte se justificó en épocas en que el Estado no podía cumplir con sus deberes. Esa época pasó ya hace muchas décadas. Chile es un país enormemente rico, y las riquezas de todos los chilenos nos permiten perfectamente hacernos cargo de la educación, la salud, la cultura, para todos los que la requieran. Ya no estamos en la Edad Media. Somos un país laico, tenemos derecho a una educación laica y tenemos los recursos para hacerlo. Si los católicos quieren dedicar su 1% a educar en sus particulares principios, bienvenidos y que lo hagan. Las únicas instituciones que pueden y deben garantizar una formación pluralista y laica son las que dependen del Estado, que es de todos los chilenos. Para eso se levantó el gran derecho a la autonomía universitaria. En esa perspectiva los ciudadanos pueden y deben ejercer su influencia en los contenidos de la educación básica y media.

Un tercer aspecto en el que hay que ser muy claros es la cacareada consigna, curiosamente compartida tanto por el gobierno como por los partidos de la Concertación, de que “los recursos son escasos”. En esto los estudiantes secundarios han sido los más incisivos y pragmáticos: si la queja es que no hay recursos, que se renacionalice el cobre. El economista Orlando Caputo ha mostrado que, sólo en los últimos cinco años, las trasnacionales que explotan el cobre se han llevado más de 160.000 millones de dólares en ganancias netas. No hay ninguna razón para que el cobre, que fue nacionalizado con la aprobación del 100% del Parlamento chileno, incluyendo notablemente la votación unánime de las bancadas de la derecha, haya vuelto a manos del capital extranjero.

Separar una demanda de la otra es justamente la principal manera de hacer aparecer como “razonable” la defensa gubernamental. Toda su argumentación está sustentada en la famosa “falta de recursos”. Si faltan recursos, que se revisen las exenciones tributarias que hacen que los empresarios paguen proporcionalmente menos impuestos que los ciudadanos comunes. Si faltan recursos que se congelen las subvenciones que se pagan a empresarios privados y se vuelquen sobre el sistema municipal (o regionalizado) de educación. Si faltan recursos que se suban los impuestos a las grandes empresas. Por supuesto, cada una de estas posibilidades es considerada fantasiosa y “utópica” a priori. Se está dispuesta a cambiar casi cualquier cosa, siempre que no se toquen en lo más mínimo las ganancias de los bancos, de las trasnacionales, y de los grandes empresarios privados.

Una cuarta cosa en que se debe ser muy claro es que nadie está dispuesto a defender o a amparar las falencias y oscuridades del propio sistema educacional estatal, que han crecido a la sombra del nefasto sistema de abandono y autofinanciamiento al que ha entregado por más de treinta años.

Los profesores básicos y medios deben ser evaluados en su desempeño. Nunca se han negado a ello sólo por razones corporativas. El asunto es que no se puede centrar el análisis de la calidad de la educación sobre el desempeño de profesores mal pagados, mal formados, que trabajan en situaciones implementación e infraestructura empobrecidas. Como he indicado, el ejemplo de los municipios que cuentan con los recursos es una muestra que los profesores pueden llegar a tener un excelente desempeño. Es necesario mejorar las remuneraciones del magisterio. Es necesario invertir masivamente en los pedagógicos de las universidades del Estado. Es necesario reactivar el Centro de Perfeccionamiento del Magisterio. Sólo entonces será justo evaluar a los profesores, y nadie dudará en aceptarlo e incluso exigirlo.

Pero entre esas oscuridades del sistema estatal de educación es necesario afrontar también los modos de gestión mercantil que se han instalado en las propias universidades tradicionales. Es necesario impedir que se apruebe la curiosa demanda del Consejo de Rectores en torno a permitir que las universidades del Estado puedan endeudarse directamente en el exterior. ¿Con qué piensan pagar esos créditos? ¿Qué y para quiénes producen las universidades que son de todos los chilenos? Es el estado el que debe asumir directamente la responsabilidad del financiamiento de la educación universitaria pública, las universidades públicas no son ni deben ser convertidas en “centros de negocios”. Es necesario terminar con las fundaciones asociadas que no dan cuenta de sus recursos, a través de las cuales se lucra en las propias universidades públicas. Es necesario terminar con la precarización contractual de los académicos universitarios, y con los sistemas de bonos y fondos que completan los malos salarios a costa de volcar la investigación al corto plazo, a la redacción del paper inmediato, a la especulación con toda clase de Diplomados y programas de Magister escasamente certificados.

Puedo agregar un último punto a esta enumeración que, ciertamente, podría ser más larga. Nadie está pidiendo que le “regalen” educación universitaria a todos o a cualquiera. Esta es una forma extraordinariamente miope de abordar el problema, bastante común en la argumentación de la derecha. Lo que se está pidiendo es que se acabe el financiamiento a través de los bancos. Que el Estado ofrezca becas, no préstamos, y mucho menos préstamos a través de la banca privada, fuertemente subsidiados porque, además, a los “exitosos” señores banqueros no les gusta correr el más mínimo riesgo.

La educación universitaria de calidad debe ser exigente y selectiva. Es necesario diversificar la educación superior a través de un amplio sistema de Educación Técnico Profesional. Es necesario dar oportunidades a todos, asumir y promover formas de nivelar las falencias heredadas de la educación básica y media, y certificar a los que muestren las aptitudes y saberes que son necesarios para cada quehacer profesional. Es necesario considerar el gasto en educación superior como inversión social, no sólo como mecanismo de asenso social. Es necesario que las becas otorgadas a los estudiantes de las universidades dependientes del Estado puedan ser recuperadas a través de la prestación de servicios sociales por parte de los futuros profesionales. Es decir, en suma, es necesario considerar la educación como un derecho cuyo ejercicio se traduce en un beneficio para el conjunto de la sociedad, no sólo como un “bien de consumo”.